miércoles, 25 de abril de 2007

Textos para el debate: "El estudiante como trabajador no remunerado del engranaje educativo"

El crédito europeo introduce asimismo una novedad muy llamativa, pues desplaza el cálculo del tiempo, medido en horas, del trabajo del profesor al trabajo del estudiante. La propia forma del crédito responde a una concepción básicamente comercial ya que el estudiante digamos que compra el derecho de enseñanza por un determinado lapso de tiempo, compra tiempo y contenido y en cuanto comprador ocupa la posición de cualquier comprador de supermercado. El docente ocupa a la vez la posición del ofertador del servicio y en este sentido da lo mismo que sea trabajador público o privado. Por otra parte el que la enseñanza se mida en horas, como cualquier otro trabajo por lo demás, sólo indica hasta qué punto la labor docente ha quedado integrada en la mercantilización.

Desde hace años estamos familiarizados con esa especie de taylorismo educativo que mide el esfuerzo de los profesores trabajadores de la enseñanza en horas y que nos ha enseñado a percibirnos a nosotros mismos como trabajadores que aplican su saber a tanto la hora.

Lo novedoso es que ese taylorismo educativo mide, en los nuevos créditos, el trabajo del estudiante y no el del profesor. ¿ Se supone con eso que el estudiante pasa a ser algo así como un trabajador no remunerado del engranaje educativo?, y además ¿ cómo calcular el trabajo del alumno? El legislador ha encontrado un expediente realmente sencillo que es tomar como base la semana de 40 horas y dar por bueno que el estudiante, como cualquier trabajador, realiza una jornada semanal de 40 horas en sus estudios. Multiplicando esa jornada por las 40 semanas de que consta el año académico, obtiene el número de créditos que el alumno debe cursar para obtener el grado. Lo curioso es que nada subyace a ese cómputo pues las horas de clases teóricas y prácticas sólo suponen un porcentaje del tiempo total admitamos que quizá un 50 o 60%12 pero nada garantiza que el estudiante realmente dedique el resto del tiempo que se le ha computado. La duda está en si, en el momento de hacer la matrícula, se le contarán esas horas que debe dedicar al estudio como partes de un crédito que también debe abonar, lo cual resultaría un tanto, curioso, o si la base de 40 horas semanales es simplemente un artificio contable.

Se me ocurre también la posibilidad de que, dado que en el cómputo de su actividad al estudiante se le considera un trabajador, única razón de que se le aplique la jornada semanal legalmente establecida, esa consideración se amplíe a su status real y se le pague como trabajador. O sea que se le reconozca un salario (social) por un trabajo que se supone que está desempeñando desde el momento en que esta suposición es la base de los créditos que debe matricular, pagar y aprobar para obtener la titulación deseada. Si su tiempo sirve para ese cálculo debería servir también para obtener unos recursos económicos que le permitieran seguir viviendo. De lo contrario la normativa resulta contradictoria: supone por una parte que el estudiante debe estudiar 40 horas semanales lo que no le dejará tiempo para desarrollar un trabajo con el que ganarse la vida y al tiempo no se le garantiza que pueda vivir de ello. La única solución razonable, repito, es pues la de utilizar ese cálculo como base para una renta-salario que le permita desarrollar su estudio-trabajo. Pues esta normativa cambia también la figura del estudiante. Éste adquiere el carácter de una especie de trabajador cognitivo precario, alguien que produce conocimiento en cuanto que el estudio deja de ser la repetición mecánica y memorizada de unos contenidos previamente dispuestos para transformarse, al menos tendencialmente, en una labor de adquisición, reorganización, crítica, análisis y puesta a prueba de conocimientos ya existentes, todo ello a través de un trabajo de puesta en conexión y comunicación de perspectivas que el estudiante trae consigo.

Como decía Lyotard la figura del Profesor con mayúscula desaparece pero con él desaparece también la figura del estudiante como futuro experto, la figura del pasante o aprendiz; ésta es sustituida por la de un colaborador en aprendizaje que realiza parte de la labor en condiciones económicas ínfimas.

Por otra parte ésta es la figura de mayor interés para los nuevos movimientos. El estudiante es una figura productiva, pero una figura productiva compleja; encontramos una fuerza de trabajo estudiantil (o para decirlo de otro modo: la puesta a trabajar de la formación ) a todos los niveles del sistema productivo: desde los estudiantes de tercer ciclo en letras que trabajan 200 horas en Decathlon o media jornada en un Mac Donalds, a los estudiantes de ingeniería que realizan proyectos que son utilizados inmediatamente por las empresas sin pagarlos hasta los enseñantes- investigadores que movilizan un laboratorio alrededor de un proyecto industrial, la explotación de la fuerza de trabajo inmaterial está muy segmentada y diferenciada . El texto continúa analizando algunas de las formas puestas a punto en los últimos años: los llamados contratos para estudiantes que algunas empresas han puesto en circulación, el diploma profesional especializado con prácticas incorporadas y la investigación con propósitos de innovación. En el primer caso se trata de contratos para estudiantes con horarios variables durante el año pero que exigen del estudiante una disponibilidad total para adaptarse a las necesidades de su empleador, a la vez que éste acepta un horario flexible que permita al primero la asistencia a las clases. El segundo consiste en una especie de diploma, orientado a las necesidades de empresas específicas tales como Renault, en cuyas instalaciones los estudiantes realizan prácticas no pagadas en el curso de las cuales experimentan innovaciones que las empresas adaptan, en el caso de serles beneficiosas, sin pagarlas tampoco pues forman parte del contrato suscrito con la universidad o el instituto de procedencia de los estudiantes. En el tercer caso se trata de proyectos conjuntos de investigación que ponen a punto innovaciones rentabilizadas posteriormente sin que eso redunde en un pago a los estudiantes, si bien los investigadores pueden obtener una compensación o pasar a formar parte de la empresa que comercializa la innovación. Este estudio se basa en un trdebajo de campo realizado en Francia por lo que habría que verificar si sus conclusiones se adaptan a la realidad española aunque creo que la tendencia es general o, al menos, europea.


El estudiante como negocio del sistema bancario (como ya lo son las familias; las hipotecas, etc.)

A estas formas de cooperación en el terreno productivo se añade, en el momento presente, la captación de la universidad por las entidades financieras. Parece como si los grandes bancos y corporaciones financieras, que en tantos casos aportan los recursos económicos necesarios dado el alto endeudamiento de los organismos públicos, hubieran dado un paso adelante y hubieran empezado a considerar la enseñanza superior como un posible negocio. De hecho es como si la gran importancia que ha adquirido el capital financiero en el desarrollo de la nueva economía le hubiera impulsado a tomar bajo su control a la Universidad pues, en tanto que centro de formación y de investigación, aporta los recursos intelectuales básicos para esa nueva forma de producción. La asunción de riesgos financieros ligados a la investigación supone la entrada en ella del capital financiero que intentará rebajar el riesgo con un mayor control de la institución.

La competitividad entre las Universidades no se explica por tanto más que como una forma de atraer un número mayor de compradores de sus servicios que convierta esas antiguas instituciones en centros de venta de conocimientos que ocupen lugares de monopolio.

Parece que es en este punto donde la Banca ha descubierto un nuevo segmento de negocio. En efecto si las tasas suben y la enseñanza resulta más cara a la vez que se masifica, es posible que muchas familias no puedan disponer del dinero necesario para pagarlas o, al menos, para pagarlas con cierta comodidad y de una sola vez. Los bancos acuden en su ayuda financiando los estudios. En el Informe Universidad 2000, conocido también como Informe Bricall se dedican varias páginas a este tema analizando los diversos medios financieros disponibles y su viabilidad. Destacan los créditos personales y especialmente los préstamos-renta que son unos préstamos que el estudiante debería devolver cuando encuentre un trabajo que le permita obtener una renta equiparable a la renta media de su país. El informe sin embargo ignora que este procedimiento, que presenta como una facilidad para el estudiante, le hace dependiente en plena juventud y antes incluso de haber encontrado un trabajo, del sistema bancario, al que tendrá que devolver el préstamo. Liga pues fuertemente al joven estudiante al sistema financiero e hipoteca su libertad. El informe destaca que en la Unión europea se está imponiendo progresivamente el aumento de las tasas, incluso su introducción donde no las había, y correlativamente se extienden las fórmulas de financiación de las mismas que atan a la juventud al mecanismo de la deuda. Si se tiene en cuenta que según los últimos datos sobre el endeudamiento de las familias españolas, el pago de estudios de diverso tipo es el tercer motivo por el que se solicitan los préstamos detrás del pago de vivienda y de compra de coche no creemos que quepa ninguna duda sobre el volumen de negocio que la financiación de la enseñanza aporta al sistema bancario.


Textos para el debate: "La Universidad como Empresa "

Nada de extraño tiene que haya, en cada Universidad, dos ámbitos diferentes: uno, el de los profesores, los alumnos, las clases, los laboratorios y las tutorías; otro, el de las autoridades educativas y académicas y la "política universitaria". Pero es notorio que las autoridades y su política se distancian tanto de la realidad diaria de la enseñanza y la investigación que vienen a existir dos Universidades: por un lado, aquélla en la que se enseña, se aprende y se investiga; por otro lado, la institución promotora de "estrategias", proyectos, reglamentos, organismos y comisiones, reformas estructurales, cursos de verano, convenios, relaciones institucionales, etc.

Los sectores neoliberales, mayoritarios en los órganos de poder, están desarrollando una estrategia relativamente compleja para solventar el problema de la universidad en concordancia con los intereses del capitalismo cognitivo y financiero. En la terminología de Lyotard, forzando la performatividad del sistema social de modo que la educación se adecue a aquél como un subsistema. Según esa lógica la única universidad que podrá pervivir será una institución adaptada a los retos de la sociedad (capitalista) de la información y la comunicación, que impone la subordinación de las instituciones de enseñanza superior a los poderes...

En esta reforma hay dos aspectos que llaman elocuentemente a la razón: El primero de esos aspectos es su sorprendente celeridad: todas las reformas se implantarán a lo largo de los próximos cuatro o cinco años. El segundo es la profundidad de estas reformas: nadie duda de que este nuevo modelo de universidad será muy diferente del actual. ¿Para qué?

La universidad es tratada como una empresa.

Por consiguiente el que una universidad pueda ser tratada como una empresa implica que la universidad obtiene un producto al que colocar en el mercado.

Pues bien, ¿cuál es este producto?, ¿qué es lo que venden las Universidades?, y ¿a quién se lo venden, quiénes son los potenciales compradores? Al antiguo Rector de la Universidad Complutense de Madrid, D. Rafael Puyol le cabe el mérito de haberlo expresado de un modo meridianamente claro: (hay) que acercar la Universidad a una concepción de empresa productora del capital humano demandado por los mercados”.

Hablan de menor coste ¿coste cero?

Hablar de menor coste significa que, como en cualquier otra empresa, los gastos generales en mantenimiento de las infraestructuras, pago del personal, innovaciones, etc. deberán considerarse bajo el ángulo de costes a disminuir o a rentabilizar. En lo concreto eso significa solamente y especialmente una restricción en los gastos generales compra de libros, mantenimiento de los laboratorios, gastos de teléfono, fax, etc. y una merma en los salarios o en las condiciones laborales de los empleados.

En este punto la universidad se comporta como una empresa pobre que reparte recursos escasos y escatima en los sueldos y en las condiciones de trabajo de sus empleados menos favorecidos, drenando hacia arriba mayor cantidad de recursos y reservando para las capas directivas los escasos privilegios.

La institución universitaria, a pesar de sus formas de elección interna de los cargos directivos, es fuertemente jerárquica y los privilegios se condensan en la parte superior de la jerarquía posibilitando a los mejor situados claros privilegios frente a los demás. Al mismo tiempo las disfunciones se acumulan en la base de la pirámide de tal modo que los contratados en peores condiciones, los asociados, becarios etc. cargan con la mayoría de los problemas: más horas de clase, horarios peores, cursos que los profesores mejor situados no quieren o desdeñan, peores sueldos, condiciones precarias, menos posibilidades de investigación, etc. Como consecuencia de su situación sus reivindicaciones se centran en la exigencia de estabilidad y mejores condiciones, pero tenemos la certeza que cualquier transformación de envergadura en la institución como la remodelación de los estudios o el recorte en los presupuestos puede suponer el despido. La precariedad de los profesores contratados, asociados, etc. no tiene nada que envidiar a la de muchos empleados en cualquier otra rama profesional.

Proponemos:

1. Recuperar la prestación en régimen público de los siguientes servicios. Residencia universitaria, cafetería, copistería, limpieza.

2. Mantenimiento de los mismos empleados en sus puestos de trabajo.

3. Revocación de los convenios de la UCA con: BSCH, Delhi y demás empresas benéficas.

4.Estabilizar en los empleos a profesores contratados, becarios y demás empleados.

5. Atención especial a las condiciones económicas de profesores contratados, becarios y demás empleados.


Textos para el debate: "La Educación al servicio de la Empresa"

Ahora lo que se pretende son cosas tales como que el estudiante aprenda a aprender y que el profesor le enseñe a aprender mediante la tutela y el apoyo didáctico, para lo cual el profesor necesita de un reciclaje en el que ha de aprender a enseñar, naturalmente mediante el tutelaje del (psico)pedagogo en su tarea moderna de enseñar (al profesor) a enseñar a aprender (al alumno por sí solo).

Y semejante huida hacia adelante deberá afectar a la figura del profesor procediendo a desfigurarla y (literalmente) a volatilizarla en todo cuanto sea posible. Lo primero que debe ser disuelto, a efectos de proseguir el discurso y la intervención (psico)pedagógica, sea la clase magistral, pues ésta constituye el ejemplar mismo por antonomasia del ejercicio de toda enseñanza real y posible.

Y es semejante desfiguración la que viene a ser ideológicamente avalada mediante la idea del profesor como consejero, motivador, orientador (o aun compañero o colega). De este modo se supone que el profesor deberá, dispensado de su añeja tarea de enseñar conocimientos efectivos, orientar su acción no sólo a la adquisición por parte del estudiante de aquellas destrezas, competencias y habilidades, sino, y junto con esto, al fomento de cosas tales como la estabilidad emocional o las habilidades interpersonales de los estudiantes.

No hay mayor aprendizaje genuinamente estimativo que el que puede recibir un estudiante o aprendiz de un verdadero maestro.

El discurso (psico)pedagógico creerá posible, y suficiente, reemplazar la enseñanza y el aprendizaje tradicional por el denominado acceso a la información en Internet(y otros muchos lugares accesible). Y sólo en semejante contexto puede tener lugar a su vez esa inflación incontrolable de la apelación al uso de los “medios tecnológicamente avanzados” (informáticos, audiovisuales, etc.) en la enseñanza de cada una de las disciplinas. De suerte que, justo en la medida en que dicha enseñanza se evapora, comenzará entonces a verse indiscriminadamente reemplazado por la superposición descontrolada de estos medios.

Ahora bien, aquí debe advertirse que el nuevo proceso socioeconómico no implica ya sólo, convertir la universidad en una empresa o negocio del sector servicios (ellos mismos empresariales), de lo que ahora se trata es de generar mano de obra profesional adaptable a un mercado de trabajo y consumo que se prevé como intrínsecamente caótico o aleatorio.

Con la titulación de grado se acortará el período de formación de los estudiantes con el objetivo de su integración rápida en el mercado de trabajo. Las competencias generales que suministrará este título permitirán a los estudiantes adaptarse y reciclarse permanentemente a la esquizofrenia de las demandas productivas mediante el aprendizaje a lo largo de toda la vida.

La reforma supondrá la construcción de un gran canal de formación profesional orientado a futuros trabajos precarios, fragmentarios y descualificados, esto es, introducir los más rápido posible a los estudiantes en el ejército de reserva de trabajadores precarios.

Esta es la razón del énfasis en las competencias, habilidades y destrezas por encima de los conocimientos. Estas competencias, acordes a estos trabajos precarios, son la alfabetización digital, la capacidad de aprender, las competencias sociales, el espíritu de empresa y el aprendizaje de idiomas.

Estas competencias son importantes porque coinciden con la urgente necesidad de fuerza de trabajo flexible y adaptable a las necesidades cambiantes del mercado de trabajo. Por ello se pone el énfasis en las competencias y no en los conocimientos sustantivos. Por ello las competencias se entienden como un fin en sí mismo y no como parte de una metodología; presentando la adquisición de competencias y habilidades en detrimento de los saberes.

Alertamos que la introducción del grado supone una rebaja en conocimientos y la descualificación generalizada. Persigue la asunción por parte de los estudiantes, futuros trabajadores, de su condición de futuros asalariados mayoritariamente en una situación de precariedad laboral.

El posgrados supone en la práctica que el grado, adecuado a las necesidades del mercado laboral, será el último peldaño para la mayoría de los estudiantes, produciéndose de facto una elitización del posgrado. El principal filtro para entrar en los posgrados será la barrera económica para las rentas más bajas.

El aumento de las tasas en los posgrados, sumado a la imposibilidad de compaginar estudios y trabajo debido al incremento de los niveles de trabajo-estudio del alumno, que se prevé con la implementación de los ECTS en cuarenta horas de trabajo-estudio semanales, imposibilita compaginar la vida laboral con el estudio, suponiendo de facto una elitización de los estudios de posgrado.


Proponemos:

-1. Protección oficial contractual contra el tipo de medidas administrativas que se están adoptando:

a. Regulación de la ubicación en red de todos los cursos (ciencias, humanidades...) que se imparten.

b. Reglamento para uso obligatorio de las nuevas tecnologías.

2. Investigación independiente (realizada por profesores y estudiantes) de las implicaciones comerciales, éticas y pedagógicas de la tecnología de la ciber-educación.

3. ¿Habría que incluir en la guía del estudiante una advertencia sobre los riesgos de las nuevas tecnologías?

4. Moratoria en la aplicación de la “evaluación de la calidad” hasta que las universidades se doten de criterios intra-universitarios de calidad (la adaptación de los estudiantes al mercado de trabajo es la única finalidad de la formación universitaria).

5. Paro académico para debatir sobre el “proceso de Bolonia” e intercambiar opiniones entre estamentos (¿O cada estamento?)

6. Referendum vinculante sobre la aplicación de EEES y los proyectos pilotos, donde el sistema de votos sea el mismo para todos los estamentos (Funcionarios, contratados, alumnos, becarios, PAS, etc.).

7. Mantenimiento todo el año de un foro en la Web de la UCA y liberalización del TAVIRA para el debate sobre el EEES.

8. Reformar las instituciones para que sean más participativas.


lunes, 16 de abril de 2007

Video-crónica: Facultad Okupada Autogestionada



Fuente lahaine.com
Colectivo La Plataforma

domingo, 1 de abril de 2007

Nicho privado en los poderes universitarios

Nicho privado en los poderes universitarios
En las universidades públicas españolas son habituales las amistades entre rectores y banqueros. La relación con la empresa es honoris causa y la mercantilización de la educación tiene ya sus apellidos.
Diagonal (Contrainformacion.net) [01.04.2007 18:09] - 41 lecturas - 0 comentarios

“Instituciones más ágiles, más flexibles y más capaces de definir su perfil y competir entre ellas”. Así ha definido la ministra de Educación Mercedes Cabrera el futuro de las universidades públicas españolas. La obsesión de un Gobierno que se dice de izquierdas por modernizar la universidad pública tiene tres ejes (movilidad, competitividad y excelencia académica) y muchas alianzas peligrosas.

El reto actual de la política universitaria es la globalización, cueste lo que cueste. El secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, lo tiene claro: “la reforma de la Universidad tiene como objetivo prestar mejor servicio a la ciudadanía en un mundo competitivo”.

Parece que la urgencia de transformar las universidades “de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad” implica la progresiva privatización de la universidad. Cabrera vende su política universitaria como ambiciosa y revolucionaria, pero lejos de las apariencias de transformación social y redistribución de los recursos, el espacio público universitario está hipotecándose a la velocidad de la luz. El 3,5% de las grandes empresas privadas colabora con las universidades públicas españolas y la cifra va en aumento.

Filantropía o injerencia empresarial

Proyectos de investigación, ayudas a la publicación de tesis doctorales, extensión de la formación o­n line, bonificación en la compra de material informático, cursos de verano, becas para estudiantes o incorporación de software son algunos de los apoyos que suelen hacer las grandes empresas.

Su leit motiv: “El compromiso empresarial con la Universidad es el motor de desarrollo económico”. Sin embargo, detrás de las relaciones empresa privada-universidad se encuentra el interés de grupos económicos por abastecer de mano de obra cualificada sus propias estructuras de negocio, y manejar los hilos políticos de la gestión pública. Rectores, decanos, profesores que hacen carrera paralela en empresas privadas sacan buena partida a costa de la universidad pública.

La Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública (www.corruptio.com) acusa, entre otros, a varios rectores: Joan Tugores Ques (rector de la Universidad de Barcelona de 2001 a 2005), por “convocatoria endogámica de plazas de profesorado”; Gregorio Peces-Barba (rector de la Universidad Carlos III desde su fundación en 1989 hasta el pasado 12 de marzo) por “faltar a la verdad en comunicado público, promoción y ocultación de endogamia grave en concursos de profesorado”; Lluís Ferrer i Caubet (actual rector de la Universidad Autónoma de Barcelona) por “convocatoria endogámica”; y Juan A. Gimeno Ullastres(actual rector de la UNED) por “endogamia por norma rectoral en la contratación de profesorado”.

A ellos se suma Saturnino de la Plaza (rector de la Universidad Politécnica de Madrid entre 1995 y 2004 y Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Estado en 1981 y 1998-2002) por “emisión de certificados falsos para academias privadas”. Éstos son algunos de los ‘expertos internacionales’ que participan en los programas de evaluación de universidades.

Como el caso de Ferrer i Caubet, que ha formado parte de comisiones de la UE para evaluar el sistema universitario de China y de países europeos como Suiza dentro del programa de la European University Association. En sus peligrosas alianzas, las universidades públicas premian a sus mecenas. A principios de marzo, el presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, y el poderoso abogado Antonio Garrigues Walter fueron investidos doctores honoris causa por la Universidad Ramón Llull (una situación que nos hace recordar al banquero Mario Conde, doctor honoris causa por la UCM).

En este contexto, se ha ido consolidando un lobby de profesores-empresarios, docentes que forman parte a la vez del accionariado de empresas privadas, y que pretenden conseguir la compatibilidad legal de los profesores funcionarios de Universidad para trabajar en la empresa privada, a través de la abolición de la actual Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-traciones Públicas, que limita la presencia de los profesores en el accionariado y los consejos de administración de las empresas.

Una de las cabezas visibles es el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Andreu Mas-Colell, que ha llegado a tachar de “accidente histórico” la existencia de profesores universitarios funcionarios.

El comisionado del rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para Biotecnología y Biomedicina, Francesc Gòdia, ha llegado a plantear en el Senado la creación de empresas por parte de docentes sin que sea necesario dejar de ser profesor. El rector de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez, también es partidario de eliminar “ciertas limitaciones” del profesorado en la transferencia del conocimiento y plantea eliminar la existencia de docentes funcionarios.

Este lobby incide, sobre todo, en la posible compatibilidad de profesores que lideran grupos de investigación. A ello se suma que la reforma de la LOU no garantiza el carácter público de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, e introduce una cláusula para facilitar al profesorado su incorporación a empresas para explotar dichos resultados, abriendo así una nueva vía de privatización. La poderosa Fundación Cooperación y Desarrollo (CYD), presidida por Ana Patricia Botín, hija del magnate financiero, presentó a finales de enero su informe de 2006 donde se aboga por “eliminar el exceso de medidas que uniforman la universidad para diversificar el sistema en cuestiones como las titulaciones, los precios o su personal y aumentar la participación de miembros externos”.

El informe incluye un barómetro sobre el papel de la Universidad España, e inventa el dato: un 70% especialistas’ considera que ha mejorado la importancia que tiene la universidad su relación con la empresa privada. Si el MEC no es capaz de elaborar una memoria financiera digna, lo harán los bancos.

CYD se plantea alcanzar en los próximos años el 2% del PIB con competitividad pública y financiación privada (donaciones y servicios empresariales). En sus actos, no falta la Casa Real para reforzar mediáticamente su discurso: la articulación eficaz empresa-universidad aumento de la cifra de contratos transferencia tecnológica. Uno de los sectores por los que empresa privada se infiltra en universidad pública son las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El paradigma es el portal Universia, creado base de subcontratas por el Grupo Santander, que gestiona servicios universitarios y que hoy es inigualable por ningún proyecto público.

En este sentido, Javier Monzón, presidente del Comité ejecutivo CYD ha pedido repetidamente libertad” para cada universidad el ánimo de que la reforma LOU llegara a la máxima flexibilidad. Monzón es presidente de la compañía Indra, el gigante de TIC que en noviembre absorbió compañías Soluziona y Azertia. Alto cargo en la época socialista anterior, pero aliado con el PP, cuenta con el respaldo para ejecutar la privatización universitaria y promover la expansión internacional.



http://www.contrainformacion.net