En las universidades públicas españolas son habituales las amistades entre rectores y banqueros. La relación con la empresa es honoris causa y la mercantilización de la educación tiene ya sus apellidos.
Diagonal (Contrainformacion.net) [01.04.2007 18:09] - 41 lecturas - 0 comentarios
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“Instituciones más ágiles, más flexibles y más capaces de definir su perfil y competir entre ellas”. Así ha definido la ministra de Educación Mercedes Cabrera el futuro de las universidades públicas españolas. La obsesión de un Gobierno que se dice de izquierdas por modernizar la universidad pública tiene tres ejes (movilidad, competitividad y excelencia académica) y muchas alianzas peligrosas.
El reto actual de la política universitaria es la globalización, cueste lo que cueste. El secretario de Estado de Universidades e Investigación, Miguel Ángel Quintanilla, lo tiene claro: “la reforma de la Universidad tiene como objetivo prestar mejor servicio a la ciudadanía en un mundo competitivo”.
Parece que la urgencia de transformar las universidades “de acuerdo a las nuevas necesidades de la sociedad” implica la progresiva privatización de la universidad. Cabrera vende su política universitaria como ambiciosa y revolucionaria, pero lejos de las apariencias de transformación social y redistribución de los recursos, el espacio público universitario está hipotecándose a la velocidad de la luz. El 3,5% de las grandes empresas privadas colabora con las universidades públicas españolas y la cifra va en aumento.
Filantropía o injerencia empresarial
Proyectos de investigación, ayudas a la publicación de tesis doctorales, extensión de la formación on line, bonificación en la compra de material informático, cursos de verano, becas para estudiantes o incorporación de software son algunos de los apoyos que suelen hacer las grandes empresas.
Su leit motiv: “El compromiso empresarial con la Universidad es el motor de desarrollo económico”. Sin embargo, detrás de las relaciones empresa privada-universidad se encuentra el interés de grupos económicos por abastecer de mano de obra cualificada sus propias estructuras de negocio, y manejar los hilos políticos de la gestión pública. Rectores, decanos, profesores que hacen carrera paralela en empresas privadas sacan buena partida a costa de la universidad pública.
La Plataforma contra la Corrupción y el Acoso en la Universidad Pública (www.corruptio.com) acusa, entre otros, a varios rectores: Joan Tugores Ques (rector de la Universidad de Barcelona de 2001 a 2005), por “convocatoria endogámica de plazas de profesorado”; Gregorio Peces-Barba (rector de la Universidad Carlos III desde su fundación en 1989 hasta el pasado 12 de marzo) por “faltar a la verdad en comunicado público, promoción y ocultación de endogamia grave en concursos de profesorado”; Lluís Ferrer i Caubet (actual rector de la Universidad Autónoma de Barcelona) por “convocatoria endogámica”; y Juan A. Gimeno Ullastres(actual rector de la UNED) por “endogamia por norma rectoral en la contratación de profesorado”.
A ellos se suma Saturnino de la Plaza (rector de la Universidad Politécnica de Madrid entre 1995 y 2004 y Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades del Estado en 1981 y 1998-2002) por “emisión de certificados falsos para academias privadas”. Éstos son algunos de los ‘expertos internacionales’ que participan en los programas de evaluación de universidades.
Como el caso de Ferrer i Caubet, que ha formado parte de comisiones de la UE para evaluar el sistema universitario de China y de países europeos como Suiza dentro del programa de la European University Association. En sus peligrosas alianzas, las universidades públicas premian a sus mecenas. A principios de marzo, el presidente de La Caixa, Ricard Fornesa, y el poderoso abogado Antonio Garrigues Walter fueron investidos doctores honoris causa por la Universidad Ramón Llull (una situación que nos hace recordar al banquero Mario Conde, doctor honoris causa por la UCM).
En este contexto, se ha ido consolidando un lobby de profesores-empresarios, docentes que forman parte a la vez del accionariado de empresas privadas, y que pretenden conseguir la compatibilidad legal de los profesores funcionarios de Universidad para trabajar en la empresa privada, a través de la abolición de la actual Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Adminis-traciones Públicas, que limita la presencia de los profesores en el accionariado y los consejos de administración de las empresas.
Una de las cabezas visibles es el catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, Andreu Mas-Colell, que ha llegado a tachar de “accidente histórico” la existencia de profesores universitarios funcionarios.
El comisionado del rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) para Biotecnología y Biomedicina, Francesc Gòdia, ha llegado a plantear en el Senado la creación de empresas por parte de docentes sin que sea necesario dejar de ser profesor. El rector de la Universidad del País Vasco, Juan Ignacio Pérez, también es partidario de eliminar “ciertas limitaciones” del profesorado en la transferencia del conocimiento y plantea eliminar la existencia de docentes funcionarios.
Este lobby incide, sobre todo, en la posible compatibilidad de profesores que lideran grupos de investigación. A ello se suma que la reforma de la LOU no garantiza el carácter público de los resultados de la investigación financiada con fondos públicos, e introduce una cláusula para facilitar al profesorado su incorporación a empresas para explotar dichos resultados, abriendo así una nueva vía de privatización. La poderosa Fundación Cooperación y Desarrollo (CYD), presidida por Ana Patricia Botín, hija del magnate financiero, presentó a finales de enero su informe de 2006 donde se aboga por “eliminar el exceso de medidas que uniforman la universidad para diversificar el sistema en cuestiones como las titulaciones, los precios o su personal y aumentar la participación de miembros externos”.
El informe incluye un barómetro sobre el papel de la Universidad España, e inventa el dato: un 70% especialistas’ considera que ha mejorado la importancia que tiene la universidad su relación con la empresa privada. Si el MEC no es capaz de elaborar una memoria financiera digna, lo harán los bancos.
CYD se plantea alcanzar en los próximos años el 2% del PIB con competitividad pública y financiación privada (donaciones y servicios empresariales). En sus actos, no falta la Casa Real para reforzar mediáticamente su discurso: la articulación eficaz empresa-universidad aumento de la cifra de contratos transferencia tecnológica. Uno de los sectores por los que empresa privada se infiltra en universidad pública son las llamadas Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). El paradigma es el portal Universia, creado base de subcontratas por el Grupo Santander, que gestiona servicios universitarios y que hoy es inigualable por ningún proyecto público.
En este sentido, Javier Monzón, presidente del Comité ejecutivo CYD ha pedido repetidamente libertad” para cada universidad el ánimo de que la reforma LOU llegara a la máxima flexibilidad. Monzón es presidente de la compañía Indra, el gigante de TIC que en noviembre absorbió compañías Soluziona y Azertia. Alto cargo en la época socialista anterior, pero aliado con el PP, cuenta con el respaldo para ejecutar la privatización universitaria y promover la expansión internacional.
http://www.contrainformacion.net
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